El secretario técnico de la presidencia municipal de Pedro Escobedo, Nelson Manuel Hernández Moreno, dio a conocer que se detectaron cuatro hechos que motivaron la apertura de dos carpetas de investigación en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por posibles delitos cometidos por exservidores públicos del Municipio de Pedro Escobedo.

El funcionario refirió que el daño al erario es de al menos 9 millones de pesos, lo que se ha estimado; por conductas como omisiones y autorizaciones ilegales con consecuencias patrimoniales para el Municipio.

“En forma general, lo podemos resumir como omisiones o autorizaciones que hicieron durante esta administración diversos funcionarios de la administración anterior. Por ejemplo, autorizaciones de condonaciones sin que fuera previamente autorizada por cabildo, como autoridad máxima del municipio, como ejecución de obras sin que hubiera una autorización o regularización de ese inmueble, en el que se ejecutó una obra pública“, detalló.

Se trata de la carpeta abierta por la detección de 28 tomas eléctricas directas sin medidor en bienes municipales por 928 mil 359 pesos a la Comisión Federal de Electricidad; y la Emisión de diversas autorizaciones urbanísticas y administrativas sin la aprobación del Cabildo y fuera de las facultades de los servidores públicos intervinientes.

En la carpeta dos, se incluye la ejecución de una obra de 3.29 millones de pesos de recurso federal en el campo de oxidación “El Ahorcado“ de Epigmenio González, considerado un terreno agrícola; sin acreditar la propiedad, usufructo o comodato.
Finalmente, existe un descuento del 40 por ciento al Fideicomiso 3218, creado para el proyecto del Parque Industrial Fibra Upsite, en el Impuesto de Traslado de Dominio; donde se argumenta que el beneficio se dio sin autorización del Cabildo ni procedimiento legal, causando un daño de 5.19 millones a la Hacienda Municipal más cargas fiscales de actualización.

Este hecho, explicó particularmente Nelson Manuel Hernández, ya ha sido retomado en investigación por la Auditoría Superior de Fiscalización, donde tras una auditoría, se hizo la observación para devolver a la federación cerca de 3.2 millones de pesos.